La Corte Suprema bloquea el mandato nacional de identificación de votantes de Trump y afirma que los estados y el Congreso controlan las elecciones

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el intento del presidente Donald Trump de imponer un requisito de identificación de votantes a nivel nacional, reafirmando que el poder de regular las elecciones está constitucionalmente reservado al Congreso y a los estados individuales.
La decisión se produce tras una batalla legal por la iniciativa de Trump de exigir a los votantes la presentación de una identificación oficial para las elecciones federales. El gobierno de Trump argumentó que dicho mandato fortalecería la integridad electoral, pero sus oponentes afirmaron que suprimiría la participación electoral, especialmente entre las minorías, las personas mayores y las personas de bajos ingresos.
En representación de la mayoría, la Corte Suprema enfatizó que la Constitución de los Estados Unidos no otorga al Presidente la autoridad para regular unilateralmente el proceso electoral. En cambio, el fallo subraya que las leyes electorales son competencia del Congreso y los gobiernos estatales. «La regulación de las elecciones es una responsabilidad asignada al Congreso y a los estados», declaró la Corte, «y el Presidente no puede anular estos límites constitucionales».
Los expertos legales afirman que el fallo representa un importante revés para los intentos de centralizar el control de las normas electorales en el poder ejecutivo. «Esta decisión reafirma el delicado equilibrio de poderes consagrado en la Constitución», declaró la profesora Emily Hart, experta en derecho constitucional. «Deja claro que cada estado mantiene su autoridad para administrar las elecciones y que el presidente no puede imponer mandatos a nivel nacional sobre cómo votan los estadounidenses».
Trump respondió al fallo con críticas, alegando que la Corte estaba “ignorando las preocupaciones generalizadas sobre la seguridad electoral”, aunque no indicó ningún plan inmediato para impugnar la decisión. Mientras tanto, los defensores del derecho al voto celebraron la decisión como una victoria para la democracia. “Este fallo protege el derecho de los estados a gestionar las elecciones sin interferencias indebidas”, declaró Karen Álvarez, del Centro Brennan para la Justicia.
Se espera que la decisión de la Corte Suprema tenga implicaciones significativas para futuros debates sobre el acceso al voto, las leyes de identificación de votantes y los límites de la autoridad presidencial. Mientras los estados continúan explorando las regulaciones electorales, el fallo sienta un precedente claro: cualquier intento federal de anular el control estatal sobre las elecciones es inconstitucional.